Los practicantes de Falun Gong hacen una demostración en una calle de Davos donde se celebra el Foro Económico Mundial Foto de ERIC FEFERBERG/AFP/GETTY IMAGES

Una querella penal depositada por la Asociación Suiza de Falun Gong y la ONG Organización Mundial para la Investigación de la Persecución de Falun Gong (WOIPFG) se inscribe en el marco de una vasta campaña internacional que pretende detener la represión de una violencia sin precedentes: la de Falun Gong.

Esta querella por incitación al odio, complicidad en las torturas y genocidio depositada el 28 de enero por la asociación suiza y la ONG americana, hace referencia a los cuatro responsables chinos que asistían al Foro Económico de Davos en Suiza: el Sr. Gu Binglin, rector de la Universidad de Tsinghua, el Sr. Wu Jianmin, rector de la Universidad de Asuntos Extranjeros chinos, el Sr. Chen Zhu, vicepresidente de la Academia China de Ciencias y el Sr. Wang Qinghai, director del grupo Shougang.

Se les reprocha su participación activa en la persecución china desde julio de 1999 contra los practicantes de Falun Gong, un método de qigong que es enseñado gratuita y libremente en más de cincuenta países.

Como respuesta a la total erradicación llevada a cabo por el ex presidente chino Jiang Zemin que repercute en todos los ámbitos de la sociedad, las personas que practican este método - más de 70 millones según una encuesta oficial - fueron víctimas de una represión y violencia sin precedentes que sólo se explica por el elevado número de practicantes.

El sistema educativo chino toma parte activa en ello, desde los jardines de infancia hasta las universidades y las escuelas especializadas. Los medios puestos en ejecución van desde la propaganda calumniosa difundida por los profesores para incitar al odio, hasta las presiones, chantajes, denuncias, despidos, pasando por cuestiones personales de Falun Gong en los exámenes de admisión a las universidades e incluso a la organización de clases de lavado de cerebro. Las denuncias conducen a las víctimas a la prisión, campos de trabajos psiquiátricos forzados y clínicas, donde a menudo son torturados hasta la muerte como así lo atestiguan informes de la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras ONG.

Según los demandantes, la universidad de Tsinghua en Pekín, es una de las más implicadas. En cuanto al grupo Shougang, se les reprocha a sus dirigentes su política deliberada de persecución, que se refleja particularmente en la organización de clases de lavado de cerebro dentro de las empresas.

Esta represión que toca de manera perversa a tantos inocentes, llamó la atención del mundo jurídico: desde otoño de 2002, abogados especializados en asuntos de derechos humanos decidieron unir sus fuerzas para acabar con ello con todos los medios legales posibles. Gracias a su acción, los responsables son perseguidos en la actualidad en más de veinticinco países, empezando por un proceso por genocidio, torturas y crímenes contra la humanidad hace más de dos años en Chicago contra Jiang Zemin y varios altos dirigentes directamente implicados.

El desafío es detener estos crímenes mientras se da a conocer a toda la comunidad internacional, para evitar lo sucedido en Ruanda y la ex Yugoslavia, donde los tribunales especiales fueron constituidos una vez hecho el mal y todo terminado.

Celebramos los 60 años de la liberación de Auschwitz. Justo después del descubrimiento del holocausto, los convenios internacionales en asuntos de derechos humanos comenzaron a ser elaborados por la ONU. Estos convenios, particularmente aquellos en contra de la tortura y el genocidio no deben quedar en papel mojado. En nombre de todas las víctimas inocentes de todos los países, deben servir para la justicia y la equidad. Simplemente, no es posible que cada vez que se descubren nuevos genocidios o crímenes contra la humanidad, la comunidad internacional se encuentre frente a las miradas de los supervivientes y de las familias de los desaparecidos con las miradas que dicen: "Y sin embargo, usted lo sabía…".