| Fecha de publicación: Domingo 30 de octubre 2005 |
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La Gran Epoca
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El 5 de octubre se hizo público que el Tribunal Constitucional de España, el más alto tribunal en materia de derechos fundamentales en dicho país, anuló el criterio que mantenía el Tribunal Supremo, declarando que los juzgados y tribunales españoles son competentes para investigar y enjuiciar a los culpables de los delitos de genocidio con independencia del lugar donde ocurran y de la nacionalidad de los culpables o de las víctimas.
Asociaciones defensoras de los derechos humanos en España, abogados e instituciones de diversa índole celebraron este día histórico para España y para la comunidad internacional, al haberse dado un paso adelante en la defensa de los valores más profundos del ser humano.
La histórica sentencia fue dictada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en respuesta al recurso de amparo presentado por la premio Nóbel de la Paz Rigoberta Menchú junto a varias asociaciones y abogados, respecto de la denuncia interpuesta en el año 1999 ante la Audiencia Nacional de España por el genocidio étnico en Guatemala contra el pueblo maya, durante los años 1978 y 1986.
El Tribunal Constitucional entiende que resulta indiferente que los genocidas o culpables sean de una u otra nacionalidad y las víctimas tengan o no la nacionalidad española cuando se trata de un delito que conmueve a todos los ciudadanos del mundo. Cuando se comete genocidio en cualquier lugar éste debe ser condenado a través del principio de justicia universal, ya que su gravedad «trasciende a las propias víctimas y alcanza a la Comunidad Internacional en su conjunto, y su persecución y sanción constituyen no sólo un compromiso, sino también un interés compartido de todos los Estados», sostiene la sentencia.
Como consecuencia directa de esta sentencia, cualquier persona que sea querellada en España por el delito de genocidio será objeto de investigación. De encontrarse culpable, la justicia española podrá ordenar su detención si se encuentra en España o en cualquier país del mundo con el que España tenga suscrito un tratado de extradición.
La Gran Época en España confirmó de fuentes jurídicas contrastadas que todos los genocidios pendientes de resolución en los Juzgados de España se verán beneficiados por esta sentencia.
El caso judicial por el genocidio a los practicantes de Falun Dafa en China por el Partido Comunista Chino
El ex dictador chino Jiang Zemin está acusado en España junto al coordinador de la Oficina 6/10, [sistema estilo GESTAPO que dirige y coordina la persecución, tortura y asesinato contra los practicantes de Falun Dafa en todo China] Luo Gan, el presidente del Comité Nacional del Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino, Jia Qinglin, y otros responsables de la Oficina 6/10, en varias querellas por los delitos de genocidio y torturas.
En relación a la sentencia histórica del tribunal español, Carlos Iglesias, abogado de los querellantes en el genocidio de Falun Gong, manifestó a La Gran Época que «Deseo transmitir a los miembros de la dictadura del Partido Comunista Chino que están directamente involucrados en este genocidio, que tengan muy en claro que la justicia española ha despertado a la defensa de las víctimas y que se desplegarán todas las acciones judiciales para que los asesinos, sean quienes sean, respondan por sus horribles crímenes ante la justicia y ante la historia. La hora de la justicia está llegando para los crímenes del Partido Comunista».
La actual supresión lanzada por el Partido Comunista Chino contra el movimiento espiritual Falun Gong es considerada por muchos abogados y defensores de derechos humanos como el genocidio a mayor escala cometido en la historia reciente de la humanidad. Casi 100 millones de personas son víctimas directas de persecución, con estimados de millones de arrestos, cientos de miles personas inocentes mantenidas actualmente bajo tortura extrema, 2.747 casos documentados y confirmados de víctimas torturadas hasta la muerte (según expertos la cifra real es de más de diez mil o decenas de miles).
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