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El presidente de la Conferencia Consultiva Política, Jia Qinglin, acusado de genocidio y torturas contra millones de practicantes.
Los seguidores de Falun Gong han presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra el presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCH), Jia Qinglin, quien concluyó hoy una visita oficial de cuatro días en España, según informó hoy en Madrid el abogado español que firma la querella, Carlos Iglesias.
Los querellantes han pedido la "detención inmediata" y que se ponga a disposición judicial a Jia bajo las acusaciones de genocidio y torturas contra millones de ciudadanos chinos seguidores de esta práctica religiosa durante el periodo en que ejerció como secretario general del Comité Municipal del Partido Comunista chino en Beijing, entre 1999 y finales de 2002. La querella fue presentada el pasado 2 de septiembre.
Jian Qinglin se entrevistó ayer en Madrid con el vicepresidente primero del Senado, Isidre Molas, con el presidente del Congreso, Manuel Marín (ambos recibieron informaciones sobre los delitos de que se le acusa, según Iglesias), y con representantes del mundo financiero y empresarial, "a pesar de estar acusado de los más graves crímenes contra la Humanidad".
La persecución de los seguidores de Falun Gong en China supone "posiblemente el mayor genocidio en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial" e incluso "el mayor de la historia de la Humanidad si tenemos en cuenta el número de personas afectadas y el refinamiento con que se les reprime", afirmó Iglesias en una rueda de prensa celebrada hoy en Madrid con motivo de la presencia en España del dirigente chino.
Se trata de un genocidio "oculto al mundo en general por el control que ejerce el Gobierno chino sobre los medios de comunicación". A su juicio, la "crueldad de esta persecución contra la pacífica práctica de
Falun Gong" ha derivado en "cinco años de asesinatos de personas, mujeres, niños y ancianos, sin que la comunidad internacional haya tomado ninguna medida de fuerza contra China".
JIANG ZEMIN
Según Iglesias, la represión contra este movimiento comenzó en julio de 1999. El Falun Gong es una "práctica milenaria" que fue expuesta por primera vez al público en 1992 por el maestro Li Hongzhi. Desde
entonces, empezó a extenderse en China hasta alcanzar, en sólo siete años, hasta 100 millones de practicantes. Se trató de un "éxito impresionante en China, donde no había ningún antecedente de un crecimiento como el que experimentó Falun Gong", explicó el abogado.
Durante sus primeros siete años contó incluso con el apoyo de las autoridades chinas, hasta el punto de que el Departamento de Salud de Beijing entregó varios diplomas a sus seguidores por sus efectos beneficiosos "en el cuerpo, la mente, el espíritu y la persona como un todo".
No obstante, señaló Iglesias, en 1999 al entonces presidente de China, Jiang Zemin, "le entró un miedo tremendo" a causa del rápido incremento del número de seguidores de Falun Gong, entre quienes había
incluso destacados miembros del Partido Comunista. "Se encontró con que uno de cada diez chinos practicaba el Falun Gong. Cada mañana, antes de trabajar, todos los parques de China estaban repletos de practicantes, cuyo número superaba incluso a los del Partido Comunista", afirmó Iglesias.
En ese contexto, explicó, Jiang decidió ilegalizar el Falun Gong, "violando su propia Constitución, que garantiza la libertad de creencias", y acabar con esta práctica religiosa, persiguiendo, "incluso hasta la muerte", a sus seguidores. El resultado fue la creación de la Oficina 610 (por la fecha de su creación, el 10 de junio --10 del 6-- de 1999) con la misión de erradicar el Falun Gong. La Oficina, según Iglesias, actuó como una "auténtica Gestapo". Según Iglesias, Jiang llegó a pedir ante el politburó de su partido que a los seguidores de Falun Gong había que "difamarlos, arruinarlos económicamente y eliminarlos incluso físicamente" si no renunciaban a sus creencias.
"Según los datos registrados, al menos 1.050 personas han sido asesinadas por torturas, pero el número real puede llegar a 5.000", afirmó el abogado, quien precisó que las autoridades "incineran inmediatamente los cadáveres, por lo que es muy difícil conocer el número exacto".
Asimismo, hay "más de 500.000 personas ingresadas en campos de trabajos forzados sometidos a crueles torturas", como descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo, alimenación forzada,
quemaduras en partes del cuerpo o tratamientos psiquiátricos mediante la inyección de sustancias químicas "por mera experimentación". Se han dado casos de mujeres a las que se encerró desnudas en cárceles "donde sólo había criminales hombres", con las consiguientes violaciones y ultrajes que concluyeron, en muchos casos, en su muerte, precisó.
Estas violaciones de Derechos Humanos, aclaró, han sido condenadas por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, por parlamentarios europeos, canadienses, australianos o estadounidenses o por organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
Según Carlos Iglesias, la persecución a los seguidores de Falun Gong va "más allá de las fronteras de China". "Estamos ante un caso global de genocidio, para intentar eliminar la práctica del Falun Gong, sea cual sea la nacionalidad de la persona practicante y el lugar en que resida", afirmó el abogado.
Por ejemplo, dos ciudadanos chinos residentes en España no han obtenido de su Embajada la renovación de su pasaporte "sin ninguna justificación". "La Embajada les dijo, aunque no por escrito, que se les
había retirado el pasaporte por ser de Falun Gong. Están metidos en una lista negra", afirmó Iglesias. Los dos ciudadanos, a los que se podría unir un tercero en breve, se encuentran legalmente en España con permiso de trabajo, por lo que no corren riesgo de expulsión, pero la retirada de los pasaportes supone su "inmovilidad", ya que les impide desplazarse a otros países, incluso para personarse en acciones legales contra las autoridades chinas.
JIA QINGLIN
El querellado, Jia Qinglin, fue "la persona que siguió más directamente las líneas específicas marcadas por Jiang Zemin", explicó Iglesias. Concretamente, los 15 querellantes, pertenecientes a diversas nacionalidades, le acusan de genocidio y torturas y más concretamente de delitos cometidos bajo su mandado como secretario general del Comité Municipal del Partido Comunista chino en Beijing.
La querella forma parte de otras interpuestas contra las autoridades chinas en otros 15 países aparte de España, como Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Australia, Taiwán, Moldavia o Tanzania. "Es la
primera vez en la historia que abogados de los cinco continentes han iniciado acciones judiciales por un mismo caso", precisó Carlos Iglesias, quien precisó que la querella no va contra el Gobierno chino, sino contra los dirigentes que lideraron la represión. "Falun Gong jamás se ha inmiscuido en política ni ha convivido con ningún tipo de interés económico", afirmó.
Carlos Iglesias instó a España, como presidenta de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, a que se comprometa en favor de los Derechos Humanos en China. "El Gobierno español conoce perfectamente lo que sucede", señaló. No obstante, lamentó que el derecho de veto con que cuenta China en el Consejo de Seguridad impida que pueda prosperar cualquier iniciativa en este sentido. "No es razonable que un país como China, donde los Derechos Humanos se pisotean constantemente, tenga derecho de veto, de forma que la comunidad internacional no pueda tener ninguna iniciativa", aseveró.
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