Con motivo de la visita del presidente Hu Jintao a Chile para la cumbre 2004 de APEC, los practicantes de Falun Gong presentaron una querella criminal por crímenes de genocidio y tortura contra el expresidente Jiang Zemin y otros altos funcionarios chinos.
El 18 de noviembre de 2004, día de la llegada de Hu Jintao para la cumbre de APEC, una acción en justicia fue presentada en la capital de Santiago contra varios funcionarios chinos que están directamente implicados en la persecución de Falun Gong. La denuncia acusaba específicamente a cuatro funcionarios chinos, Jiang Zemin, el anterior Presidente chino, Luo Gan, anterior ministro de la Seguridad Pública, Li Lanquing, un alto cargo del Partido comunista y Bo Xilai, el actual ministro de Comercio y anterior gobernador de la provincia de Liaoning, por los crímenes cometidos contra los practicantes de Falun Gong durante la persecución. Sus crímenes comprenden el genocidio, el secuestro, la tortura y la crueldad. El código penal de Chile reconoce el principio de jurisdicción universal para crímenes tan serios. La querella ha sido firmada por cinco practicantes de Falun Gong que fueron representados por tres abogados de los derechos humanos chilenos, la Sra. Hiram Villagra Castro, el Sr. Hugo Humberto Gálvez y el Sr. Cristian Pablo Campos.
Chile era la etapa final para Hu Jintao en su visita a América del Sur, después de haber visitado Brasil y Argentina antes de llegar a la cumbre de APEC, donde firmó diversos convenios comerciales y lucrativos con estas naciones de América Latina.
La querella penal presentada contra Jiang Zemin y Luo Gan en Bolivia
La tarde del 16 de noviembre de 2004, otra querella fue presentada en el vecino país de Bolivia. La querella boliviana es contra Jiang Zemin y Luo Gan por crímenes de genocidio, de tortura, reducción a un estado de esclavo o similar, amenaza y violación de la libertad, que han sido infligidos a millones de practicantes de Falun Gong. Es un proceso criminal y ha sido presentado por los abogados bolivianos Don Marcos Zabalaga y Don Miguel Mardoñez. La denuncia surgió como resultado del interés personal de un abogado en esta persecución, cuando al conocer por primera vez los hechos, se sintió profundamente conmovido. La defensa de los derechos humanos, la vida y la dignidad de las personas deberían ser aplicadas en todos los países del mundo. Es el mensaje que el abogado Miguel Mardoñez transmitió para explicar las acciones penales en Bolivia. Los abogados ofrecieron su tiempo y sus esfuerzos gratuitamente, después de haber sido tocados profundamente en su corazón.
El fiscal del Tribunal Supremo de Bolivia, con su oficina en la ciudad de Sucre, recibió la querella el 16 de noviembre. La querella detalla la persecución brutal de millones de practicantes de Falun Gong y las prácticas crueles ejecutadas en los campos de trabajos y las horribles torturas y los asesinatos colectivos. Los crímenes son la responsabilidad directa de Jiang Zemin y Luo Gan. Luo Gan era el director de la “Oficina 610 ", un cuerpo extra judicial que coordina y dirige la persecución en China. Los abogados pidieron específicamente que el fiscal enviara una copia de la demanda al embajador de China en Bolivia, así tendrá, como autoridad china en Bolivia, conocimiento de esta acción penal.
En la demanda le ha sido pedido específicamente al fiscal, orden de detención internacional para Jiang Zemin y Luo Gan, de modo que los que son responsables de estos crímenes puedan ser llevados a los tribunales bolivianos. La demanda por genocidio está basada en el Código Penal boliviano que establece que el sistema de la justicia boliviana es competente para procesar el crimen de genocidio.
El proceso ha sido apoyado por 16 víctimas y firmado en la presencia de una de ellas la Sra. Dai Zhizhen, cuyo marido ha sido torturado a muerte a la edad de 34 años, dejando huérfana a su hija nacida recientemente.
Los derechos humanos llegan al conjunto de la comunidad internacional y además, todos los países muestran su solidaridad para poner fin a los actos de genocidio y tortura como los ejecutados por los acusados Jiang Zemin y Luo Gan, pidiendo para terminar que la justicia sea hecha para las víctimas y su familia.
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