BRUSELAS, 19 de agosto (Agence France Presse - AFP) Las diligencias, que serán entregadas por fiscales federales el miércoles, acusan a Jiang que permanece como jefe militar de China de "tortura, crímenes contra la humanidad y genocidio", dijo el abogado Georges-Henri Beauthier en una declaración.
Las diligencias se intentarán bajo la nueva legislación aprobada por los legisladores belgas el 5 de agosto para sustituir a la supuesta y controvertida ley de "competencia universal" que condujo obviamente a asuntos contra los dirigentes de Estados Unidos y de Israel.
La antigua ley, con la cual las diligencias judiciales podían ser intentadas sin tener en cuenta la nacionalidad del acusado, los acusadores ni dónde los supuestos crímenes fueron cometidos, ha dado como resultado intensas presiones diplomáticas en Bélgica.
La nueva ley que incluye "serias violaciones de la ley humanitaria internacional", permite actuaciones judiciales solamente en caso de existencia de vínculo entre los supuestos crímenes y Bélgica.
Uno de los demandantes en el nuevo caso, el programador informático belga de 31 años Mathias Slaats, que es practicante de Falun Gong desde hace tres años, dijo el martes que el pleito cumplía los criterios requeridos legalmente.
"Soy belga y otro demandante, que es chino, era un residente en Bélgica en la época (de los pretendidos crímenes), dijo a AFP, diciendo que fue detenido y deportado de China en febrero de 2002 en el marco de la represión de Falun Gong".
Los otros demandantes chinos viven actualmente en los Estados Unidos, Irlanda y Australia, dijo. "Se trata de tortura. Algunos de ellos perdieron a un miembro de su familia. Algunos fueron encarcelados durante mucho tiempo, añadió.
China ha prohibido desde hace cuatro años Falun Gong después de que 10.000 practicantes del grupo acudieran al recinto de la dirección del Partido comunista en el centro de Pekín para protestar contra la represión del Gobierno.
Falun Gong, cuyos practicantes utilizan la meditación para mejorar su bienestar físico y mental, afirma que más de 1.600 practicantes fueron torturados o golpeados hasta la muerte en China, más de 500 recibieron penas de prisión de más de 20 años, más de 1.000 fueron internados en instituciones psiquiátricas y más de 25.000 están detenidos en campos de trabajo. Unos 10.000 más están detenidos sin juicio, manifiestan.
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