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La Audiencia Nacional de España ha acusado recientemente a cinco funcionarios chinos de alto rango por su participación activa en la persecución a Falun Gong en China. Se enfrentan a los cargos de genocidio y tortura. Las pruebas de la acusación provienen de las víctimas (practicantes de Falun Gong), de testimonios escritos y orales, de las familia de los practicantes que han muerto debido a la persecución, y los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Esta es la primera de las 18 acciones legales interpuestas contra el ex líder chino Jiang Zemin fundada en el principio de jurisdicción universal. Un juez en España puede emitir una orden internacional de detención pidiendo e informando a los países que tienen tratados de extradición con España para ayudar a detener a los acusados. Cuando los acusados visitan estos países, la policía local debe detenerlos y escoltarlos a España para ser juzgados.
El abogado Lin Fong-cheng, director general de la Fundación para la Reforma Judicial en Taiwán, dijo que la acusación en España es un acontecimiento determinante y valiente que será un precedente para la comunidad jurídica internacional.
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| El abogado Lin Fong-cheng, director general de la Fundación para la Reforma Judicial en Taiwán |
Abogado Lin Fong-cheng, director general de la Fundación para la Reforma Judicial en Taiwán
Desde que Jiang inició la persecución a Falun Gong en 1999, más de 3.000 practicantes han muerto. Muchos más están desaparecidos. Las pruebas muestran que Luo Gan, Bo Xilai, Jia Qinglin y Wu Guanzheng junto a Jiang han contribuido activamente a intensificar y aumentar el grado de la persecución.
Actualmente, más de 30 abogados en decenas de países interpuesto demandas contra Jiang y los altos funcionarios que participaron en la persecución. Estos funcionarios están acusados de crímenes de lesa humanidad, tortura y genocidio. Sr. Lin considera que las acciones legales en el mundo contra estos funcionarios ha puesto claramente de manifiesto que no hay derechos humanos o la libertad en China. La mayoría de estas acciones legales no han sido procesadas por cuestiones tales como la "jurisdicción" y la "inmunidad". El Sr. Lin considera que el auto de procesamiento (Acto por el cual se declara a alguien como presunto autor de unos hechos delictivos a efectos de abrir contra él un proceso penal) en España apenas está comenzando y que más y más países se sumaran a esta acción. "Mientras muchos de los principales países inculpa a Jiang y estos funcionarios, el mundo estará más motivado para ejercer presión sobre China para mejorar sus derechos humanos".
El 27 de noviembre, María Salcedo, portavoz de la Dirección General de Política Exterior de España para Asia y el Pacífico, dijo que su administración no interfiere con las decisiones de su sistema judicial. En 1999 un juez español acusó al dictador chileno Augusto Pinochet, reconociendo el principio de jurisdicción penal universal de los tribunales nacionales. Inglaterra, que firmó un tratado de extradición con España, concedió la extradición de Pinochet a España para ser juzgado. En la demanda contra Jiang y otros cuatro funcionarios, España volvió a mostrar su valentía al hacer sonar la campana de alarma de la justicia. Sr. Lin considera que la acción de España hará resonar a la comunidad internacional.
En los procesos penales, el acusado debe comparecer ante el tribunal para que este ultimo pronuncie un veredicto. Sr. Lin considera que los países que tienen tratados de extradición con España van a cumplir con su deber y ayudar a España para ir a juicio.
Sr. Lin dijo que el cargo será presionar a los acusados y todos aquellos que aún persiguen a Falun Gong en China. Esto les hará reflexionar sobre las consecuencias de sus actos. "Si otros países también inculpan a las personas que perseguen a Falun Gong, esto ayudará a mejorar los derechos humanos en China a un cierto nivel", dijo Lin.
Versión en chino disponible en: http://minghui.ca/mh/articles/2009/12/13/214362.html
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