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Quince miembros del grupo neobudista Falun Gong han presentado este miércoles en la Audiencia Nacional una querella contra el ex presidente chino y actual jefe de la Comisión Militar Central, Jiang Zemin, al que acusan de delitos de genocidio y torturas contra los practicantes de esta enseñanza.
L D (EFE) El abogado encargado de ejercer la acusación, acompañado por seis de los querellantes, entre los que se encuentra un ciudadano español, anunció en conferencia de prensa la presentación de esta querella, que también afecta a Luo Gan, responsable de la oficina de seguridad pública y miembro del Comité Permanente del Politburó.
Los querellantes, entre los que se encuentran ciudadanos australianos, estadounidenses, chinos y un español, denuncian haber sido víctimas de una "cruenta represión" desde que, en julio de 1999, el Gobierno chino prohibiera la actividad de este grupo […]. Según la querella, desde ese momento, se estima que cerca de 2.000 miembros podrían haber muerto en cárceles chinas, más de 100.000 han sido internadas en campos de trabajos forzados y más de 2.000 recluidas en hospitales mentales "donde se ejercen torturas psíquicas y abusos psiquiátricos".
Violación de derechos humanos
A su juicio, esta situación constituye "una de las violaciones de derechos humanos más importantes de la historia", por lo que confían en que la Audiencia Nacional, en aplicación del principio de jurisdicción universal, actúe contra Jiang Zemin y Luo Gan y evite "la impunidad de estos crímenes que no pueden ser juzgados en China".
Entre las quince personas que avalan la querella está Víctor Fernández-Sánchez y el estadounidense de padre español Alejandro Centurión, quienes fueron detenidos junto con otros 35 practicantes por las fuerzas de seguridad chinas en la Plaza de Tiananmen (Pekín) en noviembre de 2001 por exhibir una bandera en la que se leía el lema de este grupo: "Verdad-Benevolencia-Tolerancia".
Los comparecientes defendieron que no existe ningún motivo legal para la persecución de su creencia, basada en la "cultivación integral" de la persona a través del ejercicio físico y la meditación, y recordaron que, cuando se extendió su práctica en 1992, el Gobierno chino apoyó su difusión. Sin embargo, según el abogado de la acusación, ante la rápida extensión entre la ciudadanía china, el Gobierno sintió "miedo" ante la posibilidad de que millones de personas "practicaran libremente sus creencias en lugares públicos" y comenzó una "persecución injustificada" a través de los medios de comunicación y de las fuerzas de seguridad.
http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276204298.html
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